Abren cuatro juzgados en Otoño para paliar el colapso judicial en la lucha antidroga

Abren cuatro juzgados en Otoño para paliar el colapso judicial en la lucha antidroga

31/07/2019 mgalindo 0

La juez de Algeciras Belén Barranco lo radiografió con precisión en mayo de 2018: las mafias del narcotráfico «junto a sus súbditos y acólitos económicos» se habían adueñado del Campo de Gibraltar. El principio de autoridad se había quebrado. Hace justo un año Interior puso en marcha el plan especial para esta zona con medidas policiales, de seguridad y de inteligencia. En noviembre, el Gobierno dio un paso más y aprobó un plan integral que preveía una inversión de casi 900 millones y la implicación de diez ministerios. Uno de ellos era el de Justicia, que ya ha adoptado algunas medidas y pondrá en marcha las de mayor calado en los próximos meses, conscientes del «cuello de botella» que se ha formado en los órganos judiciales.

En septiembre u octubre empezarán a funcionar cuatro nuevos juzgados: dos en Algeciras, uno en La Línea y otro en San Roque, según adelantaron fuentes del Ministerio a ABC:tres de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción y un juzgado de lo Penal. Además se ha creado una nueva plaza de magistrado para la Audiencia de Cádiz, que ya está operativa.
El segundo eje son los fiscales: se han creado catorce plazas de fiscales que irán destinados a Málaga, Cádiz, Almería, Granada, Ceuta y Melilla, dado el desplazamiento territorial de las organizaciones mafiosas por la presión policial. Está previsto que los fiscales, la mayoría especializados en narcotráfico y corrupción, se incorporen a sus nuevos puestos en diciembre.

«El objetivo es asfixiar a los grupos de delincuencia organizada», explica la ministra de Justicia, Dolores Delgado a ABC. «En este año se ha desplegado una actividad policial frenética pero esas operaciones policiales llevan detrás acciones judiciales y necesitan la coordinación con jueces y fiscales». Delgado lleva un mes y medio reuniéndose con todos los actores implicados para tomar nota de las necesidades que dependen de su departamento y coordinarse con el resto de administraciones. Es el caso de los cuatro nuevos juzgados. Se dotan desde Justicia, pero es la Junta de Andalucía quien tiene que aportar las infraestructuras, es decir, las sedes físicas y los funcionarios al estar transferidas esas competencias.
La ministra, que tiene pendiente aún esa cita, está convencida de que no interferirán cuestiones partidistas. «En Seguridad y Justicia nos tenemos que poner de acuerdo y hacer todo lo posible por mejorar la vida de la gente».
El fiscal jefe del Campo de Gibraltar, Juan Cisneros, reivindicaba con urgencia más órganos judiciales en una entrevista concedida a ABC en febrero. Se habían duplicado y triplicado los detenidos pero los jueces y fiscales eran los mismos. «Va a haber serios problemas. Los órganos judiciales se van a atascar y eso repercutirá en los resultados», advertía entonces Cisneros.
Otra de las decisiones ya aprobadas tiene como objetivo aliviar esa carga de trabajo. El juzgado de Violencia contra la Mujer de Algeciras se ocupará también de los procedimientos en esta materia que hasta ahora tenían atribuidos los de San Roque y La Línea por ser mixtos, de forma que puedan dedicar más recursos a las operaciones antidroga y al resto de asuntos.
Delgado, que fue fiscal antidroga en la Audiencia Nacional entre 1993 y 2004, admite el «sobreesfuerzo» que están haciendo los órganos del Campo de Gibraltar. A principios de julio se reunió con jueces y fiscales en Cádiz donde se ha creado un grupo de trabajo para buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. Lo más urgente son medios y personal. Después aumentar la coordinación con Interior y con la Audiencia Nacional para delimitar mejor las competencias, de forma que sea el órgano central el que asuma las macrooperaciones con conexiones internacionales. A largo plazo se estudiará una posible agrupación de partidos judiciales que permitirían compartir medios de los distintos partidos. Este cambio requiere la aprobación del Consejo General del Poder Judicial.
La ministra se ha reunido también con la fiscal general del Estado y con los fiscales Antidroga en las últimas semanas y este lunes lo hizo con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el juez decano, Santiago Pedraz y la magistrada del Juzgado Central 3, María Tardón. El objetivo, el mismo:buscar vías para agilizar la instrucción y el enjuiciamiento de las causas relacionadas con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. «Tenemos que ser capaces de solucionar ese atasco y normalizar la situación», reconoce Delgado. Y añade que tal vez sea el momento de revisar las competencias de la Audiencia Nacional, que debe ser el gran tribunal contra el crimen organizado.

Número de operadores
77,8%. Es el incremento del número de operaciones contra el narcotráfico de las Fuerzas de Seguridad desde que se puso en marcha el plan especial hace ahora un año.
Operaciones de mayor calidad
Lo más importante del fuerte aumento de operaciones es que además son cada vez de una mayor calidad, ya que se ataca la cabeza de las tramas.
86,9%
Las operaciones contra el blanqueo de dinero y las investigaciones patrimoniales han crecido un 86,9%. Este trabajo es clave para acabar con las mafias.
Más detenidos ingresan en prisión
Como consecuencia de esa mayor calidad de las investigaciones son más los detenidos que ingresan en prisión, aunque acaban saliendo por el atasco judicial.
Inteligencia, la siguiente fase
Potenciar en la zona las áreas de Inteligencia e Información de la Policía y la Guardia Civil es el siguiente paso que va a dar  Interior dentro de este plan Especial.
Información patrimonial pedida a países
La Oficina de Recuperación de Activos (ORGA) de Algeciras, inaugurada en marzo, que se encarga de la gestión de bienes embargados y la venta de bienes decomisados ha requerido información patrimonial de personas investigadas a los siguientes países:ReinoUnido (incluido Gibraltar), Rumania, Polonia, Suecia, Alemania, Italia, Perú, Ecuador y Estados Unidos. Tres países nos han pedido a nosotros.

Multazo a Pol Espargaró tras ser sorprendido conduciendo sin puntos: 65.000 euros

Multazo a Pol Espargaró tras ser sorprendido conduciendo sin puntos: 65.000 euros

30/07/2019 mgalindo 0

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 64.800 euros al piloto de MotoGP Pol Espargaró tras ser sorprendido conduciendo su vehículo en 2016, pese a tener retirada la licencia por la pérdida de todos los puntos.

El Supremo ratifica, por tanto, la condena contra Espargaró dictada por el Juzgado de lo penal número 2 de Granollers, por un delito contra la seguridad vial en la modalidad de conducir un vehículo en los casos de pérdida de vigencia del permiso.

Pese a que la Dirección General de Tráfico le había notificado meses antes la pérdida de la vigencia del carné, tras quedarse sin puntos por cometer diversas infracciones, Espargaró siguió conduciendo por territorio español con el permiso de conducir andorrano, hasta que fue sorprendido, en su Granollers natal, por varios agentes de la policía local.

El piloto, por su condición de residente en Andorra desde 2014, tenía expedido a su favor un permiso de conducir del Principado que no estaba sujeto a ninguna medida de restricción o anulación, por lo que consideraba que podía utilizarlo en España, pese a la retirada del carné español.

La sentencia ya determinó, en primera instancia, que es delito conducir por España con un permiso de conducir español sin vigencia por la pérdida total de los puntos legalmente asignados, aunque el conductor posea un carné de un país extracomunitario que esté en vigor.

Pol Espargaró apeló dicha sentencia ante la Audiencia de Barcelona, que también desestimó el recurso, como ha hecho ahora el Tribunal Supremo con su recurso de casación.

Y es que, según el alto tribunal, «pretender que los permisos otorgados por terceros países e inicialmente válidos, conserven una inmutable validez en España mientras no sobrevenga la caducidad que el país de emisión haya querido otorgarle, gozando además de una semiimpunidad frente al régimen viario y de conducción vigente en España, es una conclusión jurídica carente de todo fundamento».