Las regiones han creado 33 impuestos verdes que solo ingresan 279 millones

La fiscalidad medioambiental en España se compone de muchos impuestos que recaudan poco y que conviene actualizar ante la evolución tecnológica y la gran profusión de bonificaciones a actividades que luego pueden estar también gravadas. Así lo cree el Consejo General de Economistas junto a los asesores fiscales del REAF, que ayer presentaron su informe sobre la «Fiscalidad Ambiental en España» en el que recogen que solo un impuesto estatal, el de Hidrocarburos, recauda 13.156 millones de euros, el 74% de los ingresos por impuestos medioambientales en España. Mientras tanto, los 48 tributos verdes propios que han creado las comunidades autónomas ingresan 1.590 millones de euros, un 8% de los ingresos totales, menos que el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de competencia local, que ingresa 2.225 millones de euros, un 10% del total de lo logrado por tributos verdes en España.

Si se eliminan los cánones al agua, las comunidades han creado 33 tributos que solo recaudan 279 millones. Los doce impuestos que las regiones han acuñado a las emisiones ingresan 61,5 millones; los quince para residuos recaudan 56,3 mientras que los seis destinados a gravar la contaminación de los recursos, perciben 162,9 millones. Por lejos, son los cánones al agua las figuras más efectivas de cara a la recaudación, con 1.309,1 millones, de los que 506 proceden de la figura respectiva que hay en Cataluña.

Si bien el objetivo de estos impuestos no siempre es recaudatorio, ya que buscan modificar conductas nocivas para el medio ambiente, es sintomático que en España los ingresos por estos tributos fueran en 2002 del 6,1% del PIB y ahora estén en el 5,4%. con datos de 2017. Algo similar ha ocurrido en la UE, aunque España recauda siete décimas menos que la media comunitaria.

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La Comisión Europea ha recomendado muchas veces a España elevar la presión fiscal medioambiental, si bien el Consejo General de Economistas detecta que es necesaria una mayor «coordinación» entre administraciones. El organismo también detecta que en ciertas ocasiones se dan subvenciones a actividades que luego están gravadas. La institución recomienda que sea el Estado el que regule los mismos impuestos para todas las comunidades y que luego sean las que gestionen los tipos y demás características.

Entre las propuestas planteadas por asesores y demás economistas, se encuentra la creación de un impuesto estatal sobre las emisiones de NO2 y de SO2 y su reparto a las autonomías, así como el establecimiento de un impuesto sobre el agua cedido a las comunidades con ciertas capacidades normativas.

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