Los Gordos: el principal clan de la droga busca okupar un edificio de viviendas

Han emprendido una guerra sin cuartel en contra de las okupaciones mafiosas que padecen, las amenazas de los residentes incívicos, los destrozos en las zonas comunes y espacios públicos, el trapicheo de drogas, el rastro de basura que muchos dejan a su paso, el aumento de los robos en comercios… Son vecinos del Ensanche de Vallecas agobiados por los problemas que ocasiona un grupo de familias conflictivas (unas 85) que habitan en la calle del Embalse del Vellón, un edificio de 245 pisos repartidos en ocho portales.

El aviso de las mafias de gitanos que controlan las okupaciones de que el clan de Los Gordos, conocidos traficantes de La Cañada, querían mudarse a esta finca, desató el miedo y disparó los nervios. «Ofrecieron dos mil euros por una casa», vociferaron los «conseguidores». Eso coincidió con la última oleada de usurpaciones que les hizo movilizarse en agosto.

Los que peor lo pasan son los que están «de puertas para adentro», ya que fueron adjudicatarios de los pisos que hace doce años les concedió la Comunidad de Madrid a través de la Agencia Social de la Vivienda (antiguo Ivima). Estos califican la situación de «pesadilla»; los demás padecen los efectos de la degradación, que no son pocos. Agrupados en la Asociación del Ensanche de Vallecas (AEVE), unos y otros han logrado colocar su temor a convertirse en un gueto en la agenda de la clase política.

«Lavado de cara»

La próxima visita que esperan (la semana que viene) es la de la delegada del Gobierno, María Paz García Vega. En ella conocerá de primera mano y por boca de los afectados sus problemas. «Están haciendo un lavado de cara al inmueble impresionante. Están limpiando las paredes del exterior. Será para que cuando venga parezca que nos quejamos demasiado», indicó Paca (nombre ficticio), residente en la finca.

También ha acudido en dos ocasiones la concejal presidenta del distrito de Villa de Vallecas, Concepción Chapa (Cs), y se espera a Rocío Monasterio, la portavoz de VOX en la Asamblea. Después de las dos okupaciones registradas en un solo día y una tercera frustrada en la segunda semana de agosto, ha habido otras tentativas que no han prosperado. «El 23 de agosto llegaron unos gitanos con un mazo y un hacha e intentaron abrir una puerta antivandálica. Saben latín. Había una chica con dos bebés preparada para meterse dentro. Salió de la casa de unos que venden droga; están aliados con los okupas», subraya.

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«Todos los días hay broncas. Los presidentes de las mancomunidades, que son magrebíes, facilitan también las okupaciones; tienen llaves de los cuartos de contadores y hacen enganches de agua y luz de quita y pon a cambio de dinero para que no les pillen. Hay cámaras, pero las manejan ellos», dice Paca.

«Me siento controlado»

Otro inquilino legal se queja de no poder hablar con libertad: « Me siento vigilado. Si te ven con una maleta, te preguntan si te vas unos días, no puedo hablar con libertad hasta estar bien lejos de aquí. Mi mujer tiene miedo cuando está sola; yo les tengo respeto»

Isabel Mena, presidenta de AEVE, Juan y Francisco, miembros de la entidad, recalcan que el inmueble está controlado por las mafias. «La Comunidad dice que hay 25 familias okupas; nosotros decimos que más. No saben cuántos hay ni cuántos pisos vacíos… Si alguien se va, realquila la casa o se la da a las mafias. Y, si llega personal de la Comunidad a preguntar por el titular, les dicen que no está y punto», recalcan. «Hasta las cuentas de la finca las controlan estas bandas. No sabemos el dinero que hay ni a qué se destina», recalca Francisco. Insisten en la necesidad de tener vigilancia las 24 horas y alarmas en los pisos vacíos: «Habrá que poner controles; si no, es la pescadilla que se muerde la cola», indica Juan.

La Comunidad afirma que gastan 4 millones al año en la seguridad de las 23.000 viviendas públicas: «No se puede poner más en un sitio que en otro. El Vellón es un problema de orden público, al margen de la necesidad de una ley estatal que agilice los alzamientos».

AEVE y los afectados de la polémica finca recalcan que de los políticos «quieren que sus visitas se traduzcan en hechos y no se queden en palabras».

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